Legal y efectivo

Hay un aviso explícito en la televisión de estos días (mayo de 2009), pero que con sus variantes se repite desde hace muchos años y consiste en promocionar una serie policial alegando que hay dos maneras de conseguir la seguridad y la justicia: la legal y la efectiva. Obviamente los protagonistas de estos capítulos prefieren la segunda.
Considerar estos términos como opuestos y aún contradictorios es un forma de negar la posibilidad de buscar que las normas sean a la vez legales y efectivas, que es lo que una sociedad civilizada debe lograr.
Si las formalidades de la ley se convierten en obstáculos por ser ritualistas, obstruccionistas, sin sentido práctico, lentificadoras, lo que debe cambiarse es el código de procedimientos, habilitar turnos continuos, instaurar sistemas de comunicación y validación de autorizaciones, en definitiva, instrumentar eficazmente los métodos de investigación, vigilancia y aprehensión de sospechosos así como la recolección de la prueba.
De lo que se trata es de no cometer abusos, ni hablar de no torturar, una abyección fuera de cualquier orden no ya legal sino simplemente humano.
Muchos gobiernos invocan razón de estado para actuar "por excepción". El problema es determinar cuál es una verdadera causa de tal carácter. En una monarquía la presencia molesta de un heredero con raíces dudosas; en ciertos regímenes la difusión periodística de hechos o posesiones de los gobernantes; en muchos países la adhesión a ideas opositoras. Cada cual justificará su decisión de obviar las leyes, pero se ve que es en nombre del orden constituido que se lo subvierte llamando subversivos a los demás.

La fortaleza de una sociedad es su cultura, su apego a la ley, su capacidad de responder a quienes la violan desde ese mismo ordenamiento.

Peligro: Industria Financiera

Octubre de 2008: hecatombe mundial en los bancos y las bolsas de comercio. Los gobiernos comprometen cifras impensables de fondos para sostener al sistema bancario.
¿Cómo se llegó a esto? A través de la sumatoria de gobiernos que dejaron hacer a la "mano invisible del mercado" sin regular el sinsentido; bancos y fondos de inversión prestándose dinero contra garantías inexistentes; compañías de seguro vendiendo pólizas para cubrir las pérdidas eventuales de las inversiones fallidas; directorios y gerencias de empresas que olvidaron qué era lo que producían; directivos repartiéndose alegremente los "beneficios" medidos en el incremento del valor de las acciones y no en las utilidades.
Del mismo modo que los economistas partícipes de la escuela que propició el desbarajuste disfrazan sus teorías tras el prestigio de las fórmulas matemáticas, reclaman para sí los atributos de la industria para despegar la actividad financiera de su condición de servicio.
Como tal, deberían ponerse a disposición de los que producen. Llamándose a sí mismos industriales, reclaman el derecho de "generar" productos usando como materia prima el dinero.
Se lo recibe, se lo presta y antes que se cobren las cuotas se venden los créditos a otros inversores que no se fijan en las garantías sino en la posibilidad de venderlo nuevamente a otro que hará lo mismo.
Suena a movimiento continuo, la cadena de la felicidad. Es una gran burbuja como fueron los tulipanes hace siglos, los valores inmobiliarios, las estampillas y tantos otros presuntos respaldos de múltiples inversiones que funcionan hasta tanto no haya alguien que decida vender y no encuentre quién le compre.
Como pasó siempre, todo se derrumba.
¿Quiénes ganaron? Los que en medio de la euforia fueron comprando tierras, bienes útiles y duraderos.
Todos los demás perdieron. Incluso los que nunca jugaron.

Censurados

La legislación argentina – y supongo que en muchas otras también – prescribe taxativamente la prohibición de ejercer censura previa de las publicaciones. Como muchos textos normativos, cuando fueron dictados sólo era conocida la imprenta, pero por extensión se considera de aplicación para cualquier tipo de soporte.

Esta prescripción garantiza la expresión de todos los ciudadanos y es un valor innegablemente constitutivo de cualquier estado de derecho. Pero ahondemos un poco más en el tema: por empezar en el término ‘previa’. Es indicativo de que puede ser legítima la censura posterior a la publicación y entendemos razonable que así sea cuando contiene acusaciones infundadas o falsas contra personas determinadas, cuando se incurre en plagio, cuando constituye apología del delito, cuando niega verdades históricas – quizá lo más difícil de evaluar –.

Ya podemos ir vislumbrando la dificultad de encuadrar debidamente los textos dentro de estas categorías en los casos no flagrantes, sujetos a interpretación de jueces y leyes. Claramente es de aplicación el principio aquel de ‘en la duda, a favor del reo’, ya que pueden existir otras vías para el resarcimiento económico o moral del daño causado que no impliquen la orden para el retiro de circulación, por otra parte bastante ineficaz en el estado actual de las técnicas de reproducción y difusión.

Hay otros tipos de veto que se consideran válidos, como los que rigen para la protección de menores, en función de la tutela que debe ejercerse sobre quien no cuenta con el discernimiento suficiente para interpretar y valorar el texto en cuestión. Como en la práctica no existe la posibilidad material de impedir el acceso a las publicaciones, las autoridades limitan su exhibición o condicionan su venta, sugiriendo además la instrumentación de controles por parte de los adultos responsables.

Con aquel mismo argumento algunos credos religiosos prohíben a sus fieles la lectura de ideas consideradas heréticas o peligrosas para su salud moral, pero que obviamente no lo fueron para el docto censor que lo determina. Este criterio lamentablemente es tomado por partidos políticos, en especial cuando están en el gobierno, para impedir la prédica de ‘ideologías extrañas al ser nacional’, cuyo custodia se autoasignan.

La prodigiosa popularización a escala global de medios como Internet ha permitido la expansión de falsas atribuciones, de mentiras, de versiones interesadas, de escritos falaces, en proporción a su masividad. La ubicuidad de los responsables de su escritura que en la mayoría de los casos queda fuera del alcance de las sanciones que merecerían, hizo que por un lado se tratara de responsabilizar por los contenidos a los servicios que alojan a estos sitios, medida de difícil implementación por la internacionalización del sistema, pero por el lado de los lectores, apelamos a su prestigio para confiar en el contenido, recurso sin garantía absoluta pero con buen promedio de aciertos.

Como vemos, la complejidad del tema no permite soluciones enteramente satisfactorias para todas las situaciones, por lo que es mejor encararlo por el otro lado: que toda la población tenga el nivel de educación y sentido crítico para comprender y valorar lo que lee o, en su caso, sepa recurrir a quienes puedan ayudarlo a hacerlo.

Cultura industrial

Entre los indicadores económicos habituales solemos encontrar un renglón que aparece en los últimos años y que mensura esa faceta de una serie de actividades catalogadas como ‘industria cultural’, que compendia el mercado de arte, la producción cinematográfica, la comercialización de réplicas en museos, la actividad de los centros culturales y muchos etcéteras.

Es lógico y razonable que las autoridades valoren la incidencia de los gastos e inversiones que se derivan del goce artístico, del prestigio por la posesión o cualquier otra causa que los motive. En su caso serán objeto de imposición fiscal o de excepción según los criterios de valoración que guíen el accionar político de los respectivos gobiernos. Pero me permito llamar la atención sobre la validez del contenido de las diferentes categorías.

Tomemos como ejemplo el caso de la industria cinematográfica, que de por sí muestra importantes cifras en producción de películas, en costo de entradas y alquiler, en contratos de distribución, etc., todo lo cual convalida que sea una industria y/o un servicio, pero en pocos casos amerita ser ‘cultural’.

Obviamente podemos adentrarnos en una polémica sobre los valores artísticos de cada película y los difusos límites entre lo popular y lo elitista, lo erudito y lo vulgar, pero no es ese el objeto, sino subrayar que no es válido hacer comparaciones entre países para determinar el grado e importancia de la cultura en las respectivas comparaciones empleando tales parámetros.

Quienes realizan películas pornográficas no tienen la menor intención de generar piezas culturales, sino integrar el servicio de estimulación erótica, aún cuando con el paso de las décadas puedan cambiar de status junto con la evolución de las costumbres.

De todos modos, el aspecto más destacable del grueso del movimiento económico de la industria fílmica lo integra el entretenimiento infantil y adolescente, con alcance a grandes masas de adultos también. Lo mismo puede decirse de la industria musical en cualquier tipo de soporte, muy utilizada para propagar masivas propuestas apuntaladas por la difusión televisiva.

La aceptación o no del criterio discriminador propuesto tiene incidencia no sólo a efectos de la valuación cultural, sino que se manifiesta a la hora de otorgar subsidios, exenciones fiscales, ayudas financieras, promociones y cualquier otra ventaja que pueden aprovechar agentes comerciales, por lícitos que sean, pero que no debieran quedar amparados bajo la protección de la auténtica generación y difusión cultural.

De miedo

Se llama terrorismo a la utilización de acciones violentas indiscriminadas contra un grupo humano para quebrar su voluntad o la de su gobierno.

Un grupo disidente con respecto al poder constituido que se levanta en armas y recurre a la comisión de atentados contra vida y bienes particulares o públicos es considerado como terrorista, del mismo modo que si un gobierno recurre a la práctica de secuestros, asesinatos y destrucción de bienes se convierte en Estado terrorista. Valga esta precisión para dejar claro que no importa quién sea el agente, sino las acciones llevadas a cabo.

De un gobierno lo menos que se espera es que cumpla y haga cumplir la ley. Si se decide a burlarla la violación es doble y no valen los argumentos usualmente esgrimidos para justificar la excepcionalidad de las acciones.

La represión, término con mala fama, es una atribución del Estado legítimo para contener, detener y castigar la eventual insurgencia, pero contenida en el marco jurídico y legal que garantice la protección de los inocentes, así sean familiares de los sublevados.

Los orígenes de los distintos grupos terroristas suelen encontrarse en situaciones de opresión de etnias, negación de derechos por causas raciales, políticas o religiosas, reivindicaciones territoriales, rechazo al colonialismo, oposición ideológica radical al poder constituido, afirmación de dominio territorial, independentismo, imposición de credos religiosos, etc., que culpabilizan a otro conjunto social o lo consideran un simple elemento de canje: sus vidas por mi causa, dejando al descubierto su desprecio por la vida inocente. Para edulcorar su conciencia algunos les llaman 'daños colaterales'.

Resalto la cuestión de la causa manifiesta, por cuanto existe una tendencia a agrupar el fenómeno dentro de un conglomerado llamado 'terrorismo internacional', como si existiera alguna confederación tácita de mutuo apoyo. Esta concepción sólo es útil a los gobiernos que la usan como pretexto para intervenir en cualquier otro país que sufra un fenómeno terrorista, incluso en lo que se ha dado en denominar acciones preventivas, que no es más que una agresión.

Un fanático nacionalista norteamericano puede atentar contra cualquier árabe, sin distinguir si se trata de un iraquí o de un aliado saudí. Un suicida musulmán que considera los ataques occidentales contra países árabes como una nueva cruzada cristiana no distingue entre irlandeses que a su vez pueden ser odiados enemigos entre sí por causas de otra religión.

Tanto las acciones revolucionarias legítimas como las legítimas respuestas ante las agresiones sufridas debieran encauzarse sin el recurso cruel y despreciable del terror indiscriminado.

Palabras movedizas

PALABRAS MOVEDIZAS
Múltiples acepciones tienen las palabras. Los diccionarios alinean los significados separándolos con barras y ordenándolos desde el uso más común al más raro, a veces indicando con las abreviaturas apropiadas la materia, el gremio que lo usa, el país o la región de origen.

Pero no se quedan quietas las palabras, como no viven en los libros sino en la mente de la gente, diseminadas sin que nadie tenga que pedir permiso para usarlas ni pagar por ellas, resulta que se comportan como si fueran herramientas.

Así como los destornilladores sirven de cortafierros o de barretas según su tamaño y el apuro que tengamos, las palabras se acomodan por aproximación, semejanza, asociación, parecido fonético, traducción errónea o cualquier otra causa inverosímil o razonable, calzan y sacan de apuro, complementando o desplazando a la que estaba por derecho ocupando su lugar.

No hay nada ilegal en esto. Las lenguas vivas cambian, se adaptan a la realidad que tienen que expresar, encuentran nuevos matices, equivalencias y utilidades para grupos, profesiones, sociedades, técnicos...

Pero nunca falta un pero. A veces nos encontramos con manipulaciones insidiosas, torsiones forzadas, malintencionadas equivalencias. Como además de los significados llamémosle descriptivos, están las cualidades y los valores asignados, sugeridos o supuestos, cada palabra acarrea cargas emotivas, rechazos o adhesiones, maldispone o dispone bien a dar crédito a lo que se dice seguidamente y esta capacidad puede ser inducida con sutilezas distorsionantes.

A algún publicista se le ocurrió que transmitir lo que sucede con un grupo de personas encerradas en una casa, sin salir a trabajar ni a divertirse – y mucho menos a estudiar –, sin contacto con parientes ni amigos, filmadas y grabadas permanentemente, era un “reality show”, mostrar la “realidad”.

Puede ser algo parecido a la realidad en una cárcel, tal vez un albergue de refugiados, pero es lo más opuesto a la vida diaria que puede concebirse por los sistemas de eliminación puestos en juego.
Puede que para muchos esta subversión del significado no sea más que una mala ocurrencia, como las de los que traducen los títulos de las películas, pero otros pueden aceptar que la única relación posible entre los seres humanos es la competencia y no hay lugar para la colaboración, más cuando se refuerza la idea con otros programas donde se “vence” sin fijarse en los medios.

Es que las palabras están imbricadas en sistemas de ideas interrelacionadas que conforman ideologías, creencias, refuerzan las pautas de conducta, justifican comportamientos, dan idea del mundo, ubican –para bien o para mal- en relación a los demás. Por ejemplo, en este caso, ayudan a reforzar las campañas a favor de las jubilaciones individuales, despreciando los “viejos” principios de solidaridad intergeneracional y protección de la vejez.

A veces los comunicadores disfrazados de periodistas titulan con palabras cambiadas para que la repetición de una inexactitud vaya preparando el terreno para justificar cambios en las leyes de acuerdo a los intereses de sus mandantes.

Es habitual que los casos de robo, asalto, violación, secuestro nos lo presenten bajo el rótulo de “Inseguridad”. ¿Es que acaso no generan una sensación justificada de inseguridad? Por supuesto, pero no es lo que la constituye, sino una fracción de ella. Toma una parte por el todo.
Las construcciones inestables, los materiales inflamables, los cables pelados, las garrafas en mal estado, los alimentos vencidos, las jeringas sucias, los peatones desaprensivos, la impunidad, los atentados suicidas, la velocidad excesiva, la exposición a rayos X, los cortes de luz, los vados no señalizados, las obras clandestinas... Interminable lista de situaciones por acción u omisión que pueden acarrear consecuencias peligrosas para la salud o integridad personal o deterioro o pérdida de bienes; en definitiva, inseguridad.

Entonces, reconozcamos los diferentes tipos de hechos o condiciones que crean la sensación de inseguridad con el objeto de poder pensar soluciones adecuadas a los diferentes casos. No pongamos todo en la misma bolsa y llamemos a los delitos por su nombre. No se trata de una “ola de inseguridad” sino en todo caso una “ola de delitos”, a la que se la puede combatir con prevención policial, investigación fiscal, acción judicial, legislación apropiada y, mejor aún, completando todo con un alza en las condiciones de vida de la sociedad, lo que no elimina el delito, pero lo restringe y le quita sustento exculpatorio.

Teniendo claro los conceptos no será fácil que aceptemos sin más las omnipresentes “razones de seguridad” cada vez más usadas para no contestar preguntas, para no dejarnos pasar, para registrar nuestra correspondencia, para anotar con quién conversamos y qué libros leemos.

Nadie tiene que exigir plenos poderes y que renunciemos a nuestros más elementales derechos en nombre de nuestra propia seguridad y argumentando con palabras cambiadas.

Ciencia y pseudociencia

Dicen los epistemólogos que las teorías científicas son válidas mientras que una nueva teoría no la suplante.

Algunos aprovecha para decir que si las teorías nuevas demuestran que las viejas eran falsas, por lo tanto todas las teorías son falsas.

Obviamente, omiten que las nuevas teorías generalmente superan, perfeccionan o acotan las anteriores, pocas veces las refutan totalmente, de tal manera que la expresión "a hombros de gigantes" conque los investigadores califican el resultado de algún trabajo trascendente, ratifica el reconocimiento a los descubrimientos anteriores que les permitieron llegar más lejos en el conocimiento.

Pero normalmente la descalificación a la ciencia sólo tiene el propósito de justificar el sostenimiento de afirmaciones no contrastables, es decir, que no pueden ser reproducidas en pruebas objetivas obtenidas por terceros, o que simplemente apelan a la presunta autoridad de quienes las formulan, así sean ajenos al quehacer científico.

La potencia de la ciencia radica en la racionalidad, la potencia de su capacidad predictiva, la utilidad para fundamentar derivaciones técnicas de aplicación utilitaria, la rigurosidad de la estructura lógica, la complementación entre las diferentes disciplinas.

Conviene brindar especial atención al lenguaje utilizado, ya que las pseudociencias se disfrazan de serias apropiándose de términos reconocidos y valorados en el mundo académico para revestirse de un aura digna. Valga como ejemplo la reiterada mención a la "energía" atribuida despreocupadamente a cualquier objeto sin necesidad de tener que molestarse en confeccionar detectores ni elaborar escalas con graduaciones verificables.

También suele apelarse a los saberes ancestrales para justificar explicaciones irracionales -en el sentido estricto de la palabra- sin considerar que la intuición que pudieran tener los pueblos primitivos o la certeza basada en ensayos y errores no valora automáticamente todas sus creencias.

Por otro lado, no corresponde descalificar a la ciencia por ser responsable de concretos males que afectan a la sociedad y al ambiente. Aquí hay que mirar hacia la filosofía y la metafísica, de donde derivamos la ética, para encontrar verdaderos culpables.

Los partidos, enteros

Los miembros de los poderes ejecutivos y legislativos tienen la trascendente tarea de elaborar las leyes que rigen la vida de todos los habitantes de la ciudad, la provincia o la Nación y conformar los órganos de control parlamentario según el alcance que cada constitución les haya asignado. (Corresponde hacer la salvedad que si el ejecutivo tiene la mala y antirrepublicana costumbre de gobernar por decretos, también es responsabilidad de los legisladores impedírselo.) Semejantes atribuciones se obtienen por delegación. Son poderes del pueblo que vota y los extiende a sus representantes, legitimados por el cumplimiento de las formalidades establecidas en las leyes de aplicación en cada elección.

Como sabemos, los temas de competencia legislativa son tan variados y complejos como la sociedad y la vida misma, en consecuencia, nadie por sí solo abarcará todos los conocimientos necesarios para abordarlos, pero sí muchos podrán compartir un ideario básico de principios con los cuales valorar los efectos sobre la sociedad en su conjunto y sobre los individuos en general de cualquier iniciativa legal, aplicando criterios de justicia, convivencia, intereses sociales o cualesquiera otros, con los cuales elaborar propuestas de acción en apoyo o rechazo de las iniciativas a tratar en su sede.

Esta es una función de los partidos políticos: aglutinar a esas personas, generar el ámbito de interacción para potenciar ideas y difundirlas con intención de docencia cívica. Sumadas, son actividades superadoras de la simple postulación de candidatos.

Si cualquier ciudadano pretende legítimamente lograr que las normas legales que se aprueben concuerden con el ideario de valores al que adhiere, necesita contar con un número significativo de representantes en los cuerpos colegiados, capaces de influir en las comisiones y votaciones y con peso para encarar eventuales negociaciones con otros bloques.

La conformación de cualquier bloque debiera ser el reflejo en términos porcentuales de la voluntad de los votantes expresada en las urnas y con bancas asignadas aplicando el sistema D´Hont, particularmente eficaz en jurisdicciones que eligen numerosos representantes.

No todos piensan que este es el mejor sistema. Algunos sostienen que por sobre la representatividad de los integrantes del cuerpo legislativo está la llamada ‘gobernabilidad’, mediante el otorgamiento de bancas en cantidades fijas, tantas para que quien sacó más votos y tantas para el segundo, de manera que siempre habrá mayoría legislativa para salvaguardar los intereses del ejecutivo. Por supuesto que quedan afuera todos los demás sin importar el número de ciudadanos que representen.

Otros sostienen que es mejor subdividir la jurisdicción provincial o municipal en zonas o barrios y que cada una elija uno o dos representantes. Técnicamente se denomina voto uninominal o binominal. Se argumenta a su favor que existiría una mayor proximidad entre el votante y su representante, resultando este más fiel al mandato recibido y no se sorprenderá por la presencia de legisladores ineptos simulados en listas múltiples.

Desde ya que no le sirve de nada a un ciudadano un diputado que esté en las antípodas de su pensamiento aún si vive al lado de su casa. Pero esto no es lo más grave. Lo peor es que quedan sin ningún tipo de representación los partidos más chicos. Si en una provincia el 20% de la población adhiere a un partido, seguramente en ningún distrito menor en que se subdivida obtendrá el 35 ó 40% que obtienen los más populares, de manera que una representación que hipotéticamente debería alcanzar a un quinto de la Cámara se convierte en cero. Gran negocio para los partidos grandes. Esto sin contar con la ‘ayuda’ que con mala fe pueden diseñar las autoridades en los límites de las secciones, de manera de dibujar caprichosas formas forzadas para incluir barrios adictos en zonas opositoras.

Les corresponde a los partidos postular las listas de candidatos que mejor sostengan el ideario expresado en sus plataformas, que además pueden contar con suficientes reemplazos para eventuales vacancias y que cuenten con infraestructura suficiente para efectuar la fiscalía de las elecciones, responsabilidades todas que van más allá de la capacidad y dedicación de individuos aislados.

¿Cómo obtener personas que conformen a los adherentes de un partido y lograr que las listas de candidatos tengan aprobación? Eligiendo entre los que mejor desarrollen el trabajo intrapartidario, la participación en debates, tengan prestigio, experiencia, haber dado muestras de capacidad y compromiso, cualidades que permiten apreciar a las personas más capaces, idóneas y responsables sin distinción de edad o sexo, de manera que ya no haga falta la obligatoriedad impuesta por los cupos - medidas de promoción transitorias - que han resultado de dudosa utilidad dada la tendencia a habilitar ‘señoras de’ en lugar de mujeres valiosas por sí mismas.

Cada partido puede valorar de diferente manera la invitación a no afiliados en forma de interna abierta para definir candidatos. Lo que debe quedar fuera de toda duda es la posibilidad de manipulación mediante la participación de afiliados a otros partidos o votantes en más de una interna. De aquí que en caso de realizarse internas abiertas debe contarse con padrones de afiliación actualizados, uniformes y realizarse en forma simultánea.

Un confiable sistema de designación de candidatos limitaría el fenómeno de los ‘sin partido’: personajes notorios provenientes de cualquier campo de actividad con resonancia popular que ‘venden’ su potencial caudal de adhesión a partidos con liderazgos menguados.

Difícilmente se obtenga de esta gente más que participaciones no comprometidas, ya que su interés personal pesará más que los compromisos de campaña, cuyos costos correrán por cuenta del partido que la llevó en su boleta.

De hecho, se verifica una tendencia grave al transfuguismo, que es el cambio o abandono del bloque del partido. Desde ya que no se puede evitar la eventual disidencia por razones espurias o fundadas, pero las instituciones no deberían facilitar estas conductas. No es legítima la conformación de bloques con los atributos y derechos iguales a los conformados por mandato popular. Quien abandone su bloque debería mantener su independencia asumiendo los costos de no contar con personal rentado por el cuerpo ni exigir reconocimientos que impliquen costos monetarios provenientes del presupuesto. Quienes lo decidan de buena fe seguramente lo harán de todas maneras, mereciendo, si lo tienen, el apoyo de sus seguidores.

De todos modos, nada impide, si los afiliados están de acuerdo, la invitación a presentarse en las elecciones internas a personas no afiliadas, del mismo modo como les está permitido a los partidos la conformación de alianzas o frentes.

En todos los casos, no hay nada más alejado de las sospechas, los acuerdos de cúpula, la negociación oscura, que la elección directa, sin intermediación de delegados a colegios electorales o como se los llame y que tienen la atribución de armar las listas de candidatos.

Dada la universalidad del derecho al sufragio, la apelación a coincidir con un ideario y no con una figura exige al menos que sea comprendido por parte de los votantes. Existen dos grandes enemigos que conspiran contra la evaluación razonada de las propuestas y la valoración de los candidatos: la ignorancia y la indigencia.

Ambas categorías son tentadas por demagogos y clientelistas que obtienen votos con engaños y subsidios. Los antídotos para estos males son la educación y la promoción económica. Ambos de largo plazo y con fuertes intereses en que estas situaciones no se modifiquen. Pero como la democracia exige participación conciente y comprometida, los demócratas no podemos sino trabajar en este sentido.

Bastante daño hace a la fortaleza de las instituciones el cambio continuo de los sistemas electorales, el acomodo de fechas, el desdoblamiento o acople con las elecciones nacionales y cuanta modificación originada en situaciones coyunturales de las que puede valerse el partido en el poder, que es quien tiene capacidad suficiente para alterar las normas en su favor.

Un recurso muy utilizado ha sido la convocatoria a asambleas constituyentes no diferenciadas de las elecciones a cargos ejecutivos y legislativos, de manera de conseguir ‘por arrastre’ votos no seguros para promover cambios de fondo en las constituciones provinciales.

Valga como ejemplo el desatino a que se ha recurrido para torcer resultados adversos, que fue la adopción de la llamada ‘ley de lemas’, verdadera estafa legal en que el votante no sabe a quién está eligiendo.

Variantes como tachas, preferencias, etc. son legítimas formas de modificación a las listas propuestas por los partidos y su viabilidad depende de otros factores, principalmente del nivel educativo de la población y de la claridad de su ejecución a fin de que no se preste al manejo por parte de punteros inescrupulosos.

El cumplimiento leal de los compromisos asumidos, la búsqueda de acuerdos en pos del bien común, la oposición al avasallamiento institucional, la dedicación para investigar y sancionar los delitos, la coherencia de sus miembros, redundarán en prestigio para la agrupaciones políticas, reaseguro constante de la continuidad republicana.