Socialización de los gastos

Había una vez un sistema de venta de productos líquidos para el consumo hogareño que consistía en embotellar las bebidas, venderlas, obtener el envase de vuelta, lavarlo y reiniciar el proceso.
Alguien hizo cuentas, estudió las tecnologías disponibles y recomendó "modernizar" los productos con el empleo de envases "no retornables".
Ya el consumidor no tendría que preocuparse por guardar la botella para recuperar el precio de la seña, podría tirarla al río, romperla contra el cordón o colocarla en el basurero, según el grado de conciencia social y/o de alcohol que tuviera.
También podría hacer un bollo con la caja de "tetra", arrojar la botella plástica desde el auto o dejar la lata en la arena.
Las empresas ahorraron cargar camiones con envases vacíos -no el viaje, porque de todas maneras el camión tiene que volver al depósito-, desguazaron las máquinas lavadoras, y ganaron la diferencia.
Claro, el costo real de la eliminación de los envases vacíos pasó a ser de los municipios. Salvo cuando eventuales circunstancias hacen apetecible algunos envases para los botelleros, cartoneros o similares, la limpieza de sumideros, la recolección de más toneladas de residuos, el traslado hacia los repositorios, etc., los consumidores participan del pago de los impuestos o tasas necesarios para atender el tratamiento del incremento de deshechos.

Trasladar los costos a los demás es muy buena idea para los pocos beneficiados.

Papeleras, minas y demás

Todas las industrias y plantas procesadoras generan residuos y/o efectos indeseables, sean olores, humo, ruido, radiaciones, etc.
Por regla general, hay legislación que determina los niveles mínimos inadmisibles de ser transferidos al ambiente externo.
Las empresas o instituciones cumplen o no las normas específicas en función de sus propias valoraciones, las más de las veces de carácter económico.
Además del costo de las instalaciones, equipos, insumos, personal y todo lo necesario para cumplirlas, ponderan también el costo de eventuales sanciones, sumando los gastos de litigio, las multas, seguros, indemnizaciones, etc.
Lamentablemente a menudo suman el monto de las coimas a los inspectores o funcionarios ó, más elegantemente, la factura de los "lobbyistas" encargados de conseguir excepciones, permisos, postergaciones o normas favorecedoras.
Ante la necesidad de revertir y limitar el proceso de degradación ambiental sin renegar de los beneficios de la industrialización, medibles en calidad de vida por el uso y disfrute de los bienes generados y en salarios calificados y patentes incluidos en el valor agregado, son necesarias iniciativas que contemplen ambas realidades.
Por ejemplo, obligar a tercerizar los sistemas de tratamiento de efluentes y residuos, por zonas, como se hace en los parques industriales, o por planta cuando el tamaño o el aislamiento lo exijan.
Sería un servicio público más, como el de las cloacas, pero a nivel industrial, no dependería de la voluntad de las empresas y su eficacia obviamente provendría de la probidad de la administración a cargo y la modalidad de su ejecución, como cualquier otra obligación en pos del interés público.