Papeleras, minas y demás

Todas las industrias y plantas procesadoras generan residuos y/o efectos indeseables, sean olores, humo, ruido, radiaciones, etc.
Por regla general, hay legislación que determina los niveles mínimos inadmisibles de ser transferidos al ambiente externo.
Las empresas o instituciones cumplen o no las normas específicas en función de sus propias valoraciones, las más de las veces de carácter económico.
Además del costo de las instalaciones, equipos, insumos, personal y todo lo necesario para cumplirlas, ponderan también el costo de eventuales sanciones, sumando los gastos de litigio, las multas, seguros, indemnizaciones, etc.
Lamentablemente a menudo suman el monto de las coimas a los inspectores o funcionarios ó, más elegantemente, la factura de los "lobbyistas" encargados de conseguir excepciones, permisos, postergaciones o normas favorecedoras.
Ante la necesidad de revertir y limitar el proceso de degradación ambiental sin renegar de los beneficios de la industrialización, medibles en calidad de vida por el uso y disfrute de los bienes generados y en salarios calificados y patentes incluidos en el valor agregado, son necesarias iniciativas que contemplen ambas realidades.
Por ejemplo, obligar a tercerizar los sistemas de tratamiento de efluentes y residuos, por zonas, como se hace en los parques industriales, o por planta cuando el tamaño o el aislamiento lo exijan.
Sería un servicio público más, como el de las cloacas, pero a nivel industrial, no dependería de la voluntad de las empresas y su eficacia obviamente provendría de la probidad de la administración a cargo y la modalidad de su ejecución, como cualquier otra obligación en pos del interés público.