Pequeño Contramanual de Economía - Nota 18

En un sistema económico de iniciativa privada es lógico pensar que los empresarios tenderán a aumentar su beneficio hasta el límite posible, sin importar magnitud, rubro ni localización.
Esto no excluye que haya emprendimientos particulares bajo las formas organizativas corrientes que por propia decisión opten por parámetros no monetarios para medir su desempeño, pero dentro del primer grupo es normal tender a la "maximización del beneficio".
A grandes trazos, el beneficio es la diferencia entre los costes y los ingresos en un determinado período y a valores constantes.
En notas anteriores vimos que sólo algunos monopolios y oligopolios, de hecho o artificialmente privilegiados, están en condiciones de incrementar sus precios sin restricciones. Por ejemplo, peajes en rutas sin alternativa, proveedores de servicios únicos, etc. En todo caso el límite estará dado en la reacción social o política que pueda despertar el abuso.
El resto de los empresarios tratará de efectuar ajustes del lado de los costes, como renegociar precios con los proveedores, subcontratar procesos, modernizar equipos y procedimientos, o recurrirá a opciones más drásticas como despedir personal, contratar indocumentados, bajar la calificación profesional de los operarios, todo lo que puedan hacer sin afectar la calidad del producto final o se resienta el servicio, ya que esto puede ser observado por terceros como un incremento de precio encubierto.
Las decisiones se verán favorecidas o entorpecidas según el régimen jurídico imperante y su correlato fáctico, que es la capacidad de las instituciones para hacerlo cumplir.
El beneficio máximo común, para todo el conjunto de la economía, se producirá si existe convergencia entre los intereses particulares y las conveniencias y necesidades colectivas.
Se entra en colisión cuando por ejemplo el máximo beneficio empresarial se obtiene con el cese de la actividad expatriando capital en forma de inversión en el exterior, importación de bienes sustitutos, etc. El legítimo derecho individual versus la conveniencia del conjunto.
Partiendo de la base de respetar las reglas básicas del sistema, será responsabilidad del poder político en base a las proyecciones económicas tomar las medidas correctivas para que sea más conveniente continuar con la actividad productiva, a cargo del mismo propietario o bien con la entrada de nuevos interesados.
En ocasiones, la maximización del beneficio no tiene que ver con la ganancia obtenida por la producción, ventas o servicios realizado, sino con valor de las acciones de la sociedad cuando cotiza en Bolsa.
Si la Junta Directiva, Directorio o como se denomine a los responsables ejecutivos de una empresa reciben premios en función de la cotización de sus papeles, su objetivo puede volverse contra los intereses societarios en el mediano plazo. La prensa, y no sólo la económica sino también la policial, nos ilustra reiterados casos en que la tentación del endeudamiento para concretar fusiones y adquisiciones ha hecho sucumbir importantes conglomerados empresarios.

La búsqueda de mejores beneficios va asociada a otra incógnita, ¿por cuánto tiempo? ¿Para qué perspectiva de permanencia?

Pequeño Contramanual de Economía - Nota 17

Existe una ecuación cuyo cálculo estima el desequilibrio global de un sistema económico.
En uno de los términos se incluyen: Inversión, Gasto Público y Exportaciones; en el otro Ahorro, Impuestos e Importaciones. En la jerga se escriben I+G+X y S+T+M.
Determinar la magnitud del factor Ahorro es de por sí un gran problema porque los datos más cercanos se obtienen de la suma de las colocaciones en instituciones financieras y eventualmente del efectivo declarado en liquidaciones impositivas.
Son muchas las circunstancias locales e internacionales que facilitan, favorecen o provocan que las rentas y beneficios se atesoren fuera del circuito nacional o se oculten. Desconfianza en la banca, evasión de impuestos, imposibilidad o inconveniencia de explicar su origen, expectativa de mayor rendimiento en otras plazas. Fuera cual fuere la razón, debería ser de interés de los gobiernos que el rendimiento local tribute en el país y se mantenga en el circuito oficial. Como esto incluiría al dinero de los propios gobernantes, es condición que sus intereses particulares coincidan con los del país y sus ingresos no estén engrosados con sumas provenientes de cohechos, coimas, comisiones, incentivos o demás formas de corrupción.
Supuesto esto, se evaluarán las demás condiciones como las alícuotas impositivas sobre las ganancias, los incentivos fiscales para la reinversión de utilidades, tasas y plazos para inversiones en títulos, obligaciones negociables, fideicomisos, facilidades para importaciones y producción local de bienes de capital, compras de insumos y materias primas, investigación, etc., en suma, todo lo que pueda incentivar el ahorro y, a su vez, todo lo que disuada la utilización de circuitos paralelos como el control impositivo, eficacia en la acción fiscal frente a la evasión, intercepción de remesas no declaradas o simuladas al exterior, etc.
A priori, no significa que el dinero llamado "negro" no se reinvierta en el plano local, de hecho muchas veces permanece en el circuito informal y otras veces se lo "blanquea" con diferentes artificios.
La ineficacia o liberalidad en los controles puede facilitar la generación de maniobras como el reingreso del ahorro local simulados en forma de préstamos otorgados en el exterior por las sucursales de la misma banca local que primero facilitan la fuga, con lo que se incrementa, además la deuda externa privada.

La diferencia entre Ahorro e Inversión indica el financiamiento externo genuino, lo que se pidió prestado al exterior o las deudas comerciales que se contrajeron en el período.
La G representa al Gasto público e incluye la compra de bienes de consumo, inversión, salarios a funcionarios, intereses financieros, etc. Excluye las "transferencias" que son los pagos de la seguridad social en sus diferentes acepciones. Comparando esta cifra con la T, de "tax", Impuestos, determinamos el déficit o el superávit público.
Por último la diferencia entre M, importaciones y X, exportaciones, nos indicará el saldo de la balanza comercial, que en caso de ser negativa habrá requerido también endeudamiento, si es que no responde a adquisiciones pagadas con el ahorro interno.
Desde el punto de vista de las decisiones, serán las autoridades quienes limitarán o no los diferentes componentes de cada uno de los factores para adecuarlos a las políticas que suscriban. En algún caso buscarán incrementar la inversión durante varios años según planes de infraestructura o desarrollo industrial, sea privado o estatal. Verán de limitar la importación de bienes de consumo suntuario si provoca significativamente una disminución del ahorro. Volcarán hacia los consumidores particulares el superávit fiscal que eventualmente tengan, en medidas macroeconómicas de ajuste, corrección o incentivo.

Es de estas variables que se conforma la deuda externa, que puede ser beneficiosa o nefasta según las condiciones en que contraiga o su empleo útil o espurio, como también puede ocurrir que se recurra a la emisión monetaria sin respaldo genuino, generando inflación adicional.
El llamado "equilibrio" de estas variables ocurre cuando se igualan los factores opuestos descriptos más arriba. Esto puede ser un mérito o un lastre inmovilizador, de ahí que en cada caso conviene analizar pormenorizadamente el origen de cada componente.

Pequeño Contramanual de Economía - Nota 16

Se escucha permanentemente el reclamo por "seguridad jurídica" por parte de los representantes de las empresas, sin la cual, dicen, no es posible atraer inversiones.
En primer lugar no está de más recordar que la seguridad jurídica fue una conquista frente al despotismo, es un bien a defender en forma constante frente a la posibilidad latente de conductas autoritarias y debe alcanzar a todo tipo de personas, tanto físicas como jurídicas.
Las reglas de juego claras y estables permiten la convivencia civilizada y el respeto a la ley por parte de los obligados y también de la administración de justicia aseguran la viabilidad de las iniciativas.
Ahora bien, el orden jurídico no está limitado a los contratos comerciales. Jerárquicamente está encabezado en el orden local por la Constitución, que a su vez suele adherir e incorporar como propias las normas de Convenciones Internacionales. Por tanto, los individuos tienen todo el derecho de reclamar el cumplimiento de los objetivos declarados en las respectivas declaraciones de garantías.
Sin embargo, a menudo se olvida el otro extremo de la balanza y se contempla sesgadamente el interés empresario en desmedro de las personas físicas.
Si una persona ingresó al sistema laboral estando vigente un ordenamiento jurídico determinado, no puede reclamar, porque la ley no lo considera, su estabilidad de por vida. Los gobiernos cambian las leyes de duración de jornada, de condiciones de despido, de jubilación, de seguro, de pensiones y no se oyen las mismas voces que defienden los derechos empresarios reclamando por violaciones de la seguridad jurídica. Se imponen los cambios con el argumento de que se trata de necesarias adaptaciones a nuevas realidades económicas y que redundará en beneficios futuros, siempre futuros.
En cuanto a la exigencia de estabilidad absoluta, la historia muestra innumerables ejemplos de medidas tomadas por gobiernos no autoritarios que han rectificado contratos, regímenes jurídicos y títulos de propiedad con razones más que valederas: expropiación para obras públicas, incautación de bienes de países en guerra, salvaguarda de regiones fronterizas, despeje de zonas por daño ambiental, necesidad de uso de bienes estratégicos, custodia de personas en riesgo. Las condiciones económicas, sociales, ambientales, políticas son para todos y hay quienes imponen o quieren imponer privilegios negados al conjunto social.
No son un problema menor los contratos con el Estado que se obtienen previo pago de coimas, participaciones accionarias, compensaciones políticas o económicas. Muchas empresas se limitan a exigir resarcimientos en caso de anulación de esos contratos invocando la culpabilidad de los gobernantes locales, pero omitiendo convenientemente el cohecho, del que fueron participantes.
Por otro lado suele olvidarse el principio de "riesgo", tanto en materia de inversiones como de iniciativas empresariales.

Durante décadas, las grandes empresas han comerciado, y lo siguen haciendo, con países que contienen legislaciones lesivas a cantidad de derechos y que están fuera de los acuerdos internacionales, simplemente por la tentación del volumen de negocios. Entonces hay que estar atentos a los reclamos en este sentido y preguntarse porqué a algunos países se les exige lo que a otros no.

Pequeño Contramanual de Economía - Nota 15

Quienes deciden, sean gobernantes, empresarios, consumidores; quienes aconsejan o estudian temas directa o indirectamente vinculados a las variables económico-financieras necesitan mensurarlas para comprobar, explicar, pronosticar, prevenir.
Como regla general, tenemos que confiar en la veracidad de los datos básicos, que sean en lo posible completos, que sean contemporáneos entre sí, que no se encuentren sesgados por el diseño de las encuestas o la acción de los encuestadores.
Cuando por complejidad o magnitud deba recurrirse a estimaciones, estas deben ser verosímiles, en lo posible verificables con posterioridad para ajustar el procedimiento en el futuro.
En cualquier caso, es deseable la independencia del ente encuestador para no ser influido por intereses circunstanciales de ningún tipo que pretendan omitir, tergiversar o postergar datos por conveniencia. Los organismos oficiales de estadísticas y censos no deberían tener dependencia jerárquica de las carteras de economía o planeamiento y tendrían que estar dirigidos por académicos con estabilidad asegurada y no por funcionarios de cargo político. Valga la aclaración por cuanto ministros con discurso liberal han intervenido cuando la realidad les niega los resultados.
Obtenidos los datos básicos se derivan los compuestos, en algunos casos simples sumas y en otros fórmulas. Para poder hacer los análisis convenientes es necesario que sean públicas y que los desagregados sean puestos a disposición para ser sometidos a crítica.
Muchos de estos datos compuestos serán utilizados como índices, es decir indicadores de referencia para determinar factores de ajuste, confirmar o revisar políticas, demostrar la evolución económica de grupos sociales, empresariales, cuentas públicas, etc., lo que justifica la importancia de su correcta definición y cálculo.
Tomemos por caso el índice de precios al consumidor, una comparación mensual de precios de una amplia lista de productos y servicios significativos y permite calcular la inflación en términos globales. Es un error equiparar este índice con el de costo de vida, ya que la incidencia de los diversos rubros y dentro de ellos, de los distintos productos, varía significativamente según los ingresos del grupo social a que pertenezca cada individuo. En un mismo país hay "inflaciones" particulares diferentes.
Un informe con datos de crecimiento del valor de las exportaciones se puede leer a la ligera como un éxito. Pero podría ocurrir que tal resultado sea el producto de un aumento del precio internacional de un producto agrícola primario básico sin procesar, porotos de soja por ejemplo, y que todos los demás rubros hayan disminuido su participación.
Lo mismo vale si hacemos una comparación internacional, a iguales cifras de exportación, recibe más beneficio el país cuyos productos tengan mayor valor agregado nacional, vale decir, los productos industriales de alta tecnología.
Un índice que indica el incremento de la tasa de interés por sobre el valor estándar internacional que tiene que pagar un país para colocar títulos públicos, es un indicador del cálculo de riesgo de incobrabilidad efectuado por los colocadores de fondos. En pocas palabras es el "riesgo del especulador". Queda en evidencia la intencionalidad ideológica cuando se tergiversa su significado presentándolo como "riesgo país", mostrándolo como un desapasionado diagnóstico experto de la salud económica nacional.
Algo similar ocurre con los informes diarios de evolución de las acciones en bolsa, que es presentado como un calificador de la marcha general de la economía del país, siendo que se trata de movimientos especulativos, válidos desde ya, que procuran anticiparse a la cotización futura de acciones en función de los resultados de las respectivas empresas y de las decisiones de otros participantes del mercado accionario para fijar sus valores del día. Cuando las oscilaciones son extraordinarias, generalmente por colapsos de grandes empresas, lo único que demuestra el índice es el tamaño del engaño y del error de los analistas.
El llamado "Índice de Confianza del Consumidor" presume mensurar las expectativas a futuro en base a ciertos indicadores de comportamiento como la compra de bienes durables. Es sabido que la compra en cuotas representa un estímulo para la adquisición de bienes de alto precio. Si las entidades financieras emprenden una campaña con plazo prefijado invitando al pago en cuotas, es obvio que actuará como estímulo. Al cabo del plazo, la venta de esos mismo artículos caerá, pero eso no puede verse como disminución y menos atribuirse a la confianza del consumidor, ya que en todo caso obedece a la desconfianza del oferente que puede suponer un horizonte de inflación mayor al calculado o un incremento en las tasas de interés.

Como se ve, la lectura de los indicadores a veces permite interpretaciones disímiles y hasta opuestas según la carga ideológica del analista.

Razones de seguridad

La magnitud de los atentados contra población civil y sus secuelas de destrucción, muertos, heridos y temor generalizado, obligan a pensar cursos de acción efectivos para prevenir y contrarrestar su repetición.
Los gobiernos llevan a cabo diversos tipos de medidas conducentes a tal fin, y dada las características de los grupos involucrados, muchas de ellas requieren sigilo y seguimiento persistente.
Ante la sospecha, surge la necesidad de interceptar los medios de comunicación, llamadas telefónicas, mensajes electrónicos, correspondencia postal, conversaciones.
La población generalmente entiende la necesidad del procedimiento y raramente lo cuestiona, pero el problema concreto que demasiado comúnmente se produce, es que las agencias de seguridad actúan con sus propios criterios para determinar dónde está el peligro potencial, y también lamentablemente los gobiernos aprovechan la excusa para determinar sin ningún tipo de control a quiénes se controlará.
Siempre se empieza con los más obvios, cosa de tener justificaciones, pero pronto pasan a engrosar la lista de sospechosos quienes cuestionan el orden legal, económico o social. Los grupos ecologistas, los defensores de derechos fundamentales, los aborígenes, las feministas, las travestis, los sufragistas, los opositores en genral, los sindicalistas, etc., etc.
Hace década que están en vigencia los caminos legales para autorizar las escuchas con causas fundadas y se fundan en la razonabilidad de los argumentos expuestos ante un juez.
Nada impide contar con el debido control externo independiente que evalúe y efectúe el seguimiento de las investigaciones dentro del Poder Judicial.
¿Por qué temer a posibles filtraciones que se originen en los funcionarios de control y no temer a las que puedan cometer los agentes de inteligencia? ¿Acaso son más inteligentes o más patriotas o más reservados?

Debe quedar claro a todos que las restricciones a la privacidad son recursos extraordinarios y limitados que deben estar sujetos a control. Ya por opinar así puedo ser objeto de sospecha.

Pequeño Contramanual de Economía - Nota 14

La contraparte del comportamiento de los consumidores es la decisión de las empresas.
En principio conviene identificar mejor a este conjunto, ya que deberemos entender que está integrado por todos aquellos agentes que están del lado de la "oferta" en las transacciones de bienes o servicios.
Una sociedad anónima que explota yacimientos mineros en cuatro continentes, un taxista en Bombay, un propietario de un taller de piezas autopartistas en Bélgica, un grupo de granjeros fabricantes de mermelada en Portugal, un arriero propietario de ovejas en Chile... son todos ejemplos de esta misma categoría.
Algunos tendrán la oportunidad de desarrollar políticas activas para conseguir un aumento en la demanda por ampliación de mercado o disputándolo con los competidores. Otros tendrán que acomodarse a las circunstancias del medio. Otros simplemente sufrirán las consecuencias de acciones en las que no participan.
Podemos sí postular que todos tendrán en común la intención de permanecer en el negocio y ganar lo más que puedan.
Los libros nos explican los conceptos de "utilidad marginal", "función de producción", "rendimientos decrecientes", etc., racionales teorizaciones que sólo en algunos casos muy puntuales pueden medirse para la toma de decisiones, y que en la mayor parte de los empresarios y cuentapropistas se realiza intuitivamente como cálculo estimado del resultado de la inversión o la reducción necesarias para seguir trabajando.
Muchas veces existe gran distancia entre el conocimiento de la necesidad de efectuar un cambio y la posibilidad de realizarlo. El taxista estará seguro de que si pone un equipo de gas en el auto los viajes le rendirán más, pero si no tiene el ahorro o el crédito para adquirirlo, no le valdrá de nada y manejará cuatro horas más como compensación.
En la práctica cotidiana encontramos decisiones geniales y decisiones nefastas. Estudios de mercado y pago de diezmos a presuntas iglesias que actúan como vendedoras de esperanza. Inversiones de investigación y reparaciones chapuceras de equipos obsoletos.
Las decisiones reales se basan en los datos limitados que se pueden conocer de los múltiples factores que conforman la realidad circundante. La información perfecta no existe y las "empresas" actúan al igual que los consumidores de acuerdo a la capacidad de influencia y poder que detenten.

El mayor problema que sufre el conjunto de la sociedad es que las decisiones empresarias toman al factor "trabajo" simplemente como uno más complementario del factor "capital" y por consecuencia lo tratan como un insumo descartable más.

Pequeño Contramanual de Economía - Nota 13

Las formulaciones teóricas no son inocuas. Se han buscado leyes que permitan predecir la predisposición al consumo, enmarcándolas en el concepto unificado de "Comportamiento de los consumidores".
Es lógico que cuando se trata con conjuntos tan enormes de individuos se busque la manera de aislar características comunes que permitan postular teorías predictivas de comportamiento. Es una legítima aspiración de la ciencia.
Corresponde entonces en primer lugar tratar de definir el concepto de "consumidor". Si incluimos a cualquier persona que coma, se vista, necesite cobijo, utilice utensilios y no sea autosuficiente, pretenderemos aplicar las conclusiones que saquemos a prácticamente toda la humanidad, cosa que hacen los defensores del libre mercado con inusitada persistencia.
Millones de personas en el mundo conviven en regiones donde el salario monetario no existe, donde las necesidades se cubren por gracia del caudillo, por solidaridad tribal o corresponsabilidad familiar, cohesionadas por costumbres ancestrales o acendradas culturas, mayormente interactuando comercialmente en forma de trueque con sus vecinos.
Los ultraortodoxos pretenden sostienen que las motivaciones individuales para decidir consumos surgen del cálculo -conciente o no- del beneficio expresable en valores de intercambio -en la práctica, pesos (o la moneda que se quiera)- de cualquier opción posible.
Los deseos, las pasiones, las convicciones, la fe, el altruismo, el vínculo familiar, todo queda explicado por las unidades netas ganadas frente a cualquier otra posibilidad desechada. Es más o menos como darle un precio a la unidad de placer o de satisfacción, valuar el efecto esperado y actuar en consecuencia.
Bien podría con mucho más derecho un bioquímico medir la intensidad de las reacciones neuronales para reclamar en nombre de los intercambios celulares la verdadera razón de las conductas. Atendiendo a las complejidades de los seres humanos, los psicólogos podrían valuar los márgenes de utilidad entre satisfacción perseguida y costo de la acción, y así en otras disciplinas.
Explicar las enmarañadas y a veces confusas conductas humanas por adecuación a circunstanciales precios es una reducción limitada tendiente a justificar la presunta racionalidad de los actores económicos en sus transacciones habituales, bandera cara a los intereses libremercadistas.
Por otra parte, la multiplicidad de condiciones en que se encuentran los consumidores aún dentro de sociedad complejas de tipo moderno, exigen la discriminación de los diferentes comportamientos no sólo en razón de sus ingresos o sus carencias de ellos, sino de sus pautas culturales adquiridas o impuestas.
Sectores carecientes han visto como necesario alimentar a sus hijos con leche de laboratorio supliendo la más eficaz leche materna por influjo de la publicidad o de la prescripción médica interesada. Sectores de fuertes ingresos han visto como una necesidad adquirir costosos sistemas de prevención ante la magnificada catástrofe del cambio de siglo en las computadoras, inducidos por el miedo generado por portavoces presuntamente técnicos. Grupos intelectualmente motivados se han visto impedidos de acceder a la lectura de revistas contestatarias por haber sido privadas de la publicidad empresaria violando los más elementales principios declarados del mercado al despreciar el poder de compra de esa audiencia para no permitir la expresión de voces discordantes.
Se pueden seguir enumerando situaciones en las que las justificaciones de beneficio económico no tienen cabida.

Por tanto, las generalizaciones que abundan en los manuales convencionales, al ignorar las situaciones reales, también abundan en excepciones que no caben dentro de sus propios esquemas preestablecidos.

Pequeño Contramanual de Economía - Nota 12

El valor agregado total de lo producido tanto por bienes como por servicios en un país en un período anual se denomina Producto Bruto Interno.
Dividiendo este valor por la cantidad de habitantes se obtiene el PBI per capita, que es una ficción estadística que la ortodoxia pretende mostrar como el "grado de bienestar" de la población.
En el mejor de los casos podríamos llamarlo "grado de posibilidades de bienestar" si es que la distribución de las ganancias y rentas de ese producido se distribuyeran de manera, si no igualitaria, al menos razonablemente entre todos.
Una legítima manera de medir el grado de bienestar es el índice de población bajo la línea de pobreza y, dentro de este conjunto, aquellos con necesidades básicas insatisfechas.
Si las consecuencias de este ejercicio fueran simplemente académicas no tendría mayor importancia, pero existen ciertas líneas de crédito internacionales promocionadas destinadas a países con baja renta per capita a las que no pueden acceder poblaciones con graves necesidades porque la pésima distribución de su PBI los deja fuera del parámetro de calificación, aunque hayan llegado a esa situación siguiendo los manuales ortodoxos impuestos por los mismos organismos otorgantes.
Otro problema que acarrea la simple lectura del índice es que los gobernantes lo utilizan para medir el "éxito" o la "tendencia exitosa" de su política, profundizándola aunque los niveles de pobreza continúen en ascenso.
Muchos creen o dicen creer que el dinero que gastan los que lo detentan va a parar a los bolsillos del resto de la población en una suerte de "derrame".
Aparte del resabio a "residuo", "propina" o "sobrante" que tiene el uso de esa palabra, ignora la tendencia a la adquisición de bienes suntuarios importados, los viajes, la compra de propiedades de placer o inversión en otros países, el ahorro en el exterior, la repatriación de dinero, etc. que no produce ningún beneficio al resto de la población local, especialmente cuando la labilidad de los controles o directamente el aliento a hacerlo por vía de la sobrevaluación de la moneda local conspira contra la inversión interna.

Las políticas activas de aliento a la reinversión de utilidades, el sistema arancelario protectivo, las tasas impositivas progresivas pueden modificar esta tendencia, porque desde ya que no se logra un efecto positivo general dejando al "mercado" las decisiones compensatorias de los comportamientos egoístas.