Los partidos, enteros

Los miembros de los poderes ejecutivos y legislativos tienen la trascendente tarea de elaborar las leyes que rigen la vida de todos los habitantes de la ciudad, la provincia o la Nación y conformar los órganos de control parlamentario según el alcance que cada constitución les haya asignado. (Corresponde hacer la salvedad que si el ejecutivo tiene la mala y antirrepublicana costumbre de gobernar por decretos, también es responsabilidad de los legisladores impedírselo.) Semejantes atribuciones se obtienen por delegación. Son poderes del pueblo que vota y los extiende a sus representantes, legitimados por el cumplimiento de las formalidades establecidas en las leyes de aplicación en cada elección.

Como sabemos, los temas de competencia legislativa son tan variados y complejos como la sociedad y la vida misma, en consecuencia, nadie por sí solo abarcará todos los conocimientos necesarios para abordarlos, pero sí muchos podrán compartir un ideario básico de principios con los cuales valorar los efectos sobre la sociedad en su conjunto y sobre los individuos en general de cualquier iniciativa legal, aplicando criterios de justicia, convivencia, intereses sociales o cualesquiera otros, con los cuales elaborar propuestas de acción en apoyo o rechazo de las iniciativas a tratar en su sede.

Esta es una función de los partidos políticos: aglutinar a esas personas, generar el ámbito de interacción para potenciar ideas y difundirlas con intención de docencia cívica. Sumadas, son actividades superadoras de la simple postulación de candidatos.

Si cualquier ciudadano pretende legítimamente lograr que las normas legales que se aprueben concuerden con el ideario de valores al que adhiere, necesita contar con un número significativo de representantes en los cuerpos colegiados, capaces de influir en las comisiones y votaciones y con peso para encarar eventuales negociaciones con otros bloques.

La conformación de cualquier bloque debiera ser el reflejo en términos porcentuales de la voluntad de los votantes expresada en las urnas y con bancas asignadas aplicando el sistema D´Hont, particularmente eficaz en jurisdicciones que eligen numerosos representantes.

No todos piensan que este es el mejor sistema. Algunos sostienen que por sobre la representatividad de los integrantes del cuerpo legislativo está la llamada ‘gobernabilidad’, mediante el otorgamiento de bancas en cantidades fijas, tantas para que quien sacó más votos y tantas para el segundo, de manera que siempre habrá mayoría legislativa para salvaguardar los intereses del ejecutivo. Por supuesto que quedan afuera todos los demás sin importar el número de ciudadanos que representen.

Otros sostienen que es mejor subdividir la jurisdicción provincial o municipal en zonas o barrios y que cada una elija uno o dos representantes. Técnicamente se denomina voto uninominal o binominal. Se argumenta a su favor que existiría una mayor proximidad entre el votante y su representante, resultando este más fiel al mandato recibido y no se sorprenderá por la presencia de legisladores ineptos simulados en listas múltiples.

Desde ya que no le sirve de nada a un ciudadano un diputado que esté en las antípodas de su pensamiento aún si vive al lado de su casa. Pero esto no es lo más grave. Lo peor es que quedan sin ningún tipo de representación los partidos más chicos. Si en una provincia el 20% de la población adhiere a un partido, seguramente en ningún distrito menor en que se subdivida obtendrá el 35 ó 40% que obtienen los más populares, de manera que una representación que hipotéticamente debería alcanzar a un quinto de la Cámara se convierte en cero. Gran negocio para los partidos grandes. Esto sin contar con la ‘ayuda’ que con mala fe pueden diseñar las autoridades en los límites de las secciones, de manera de dibujar caprichosas formas forzadas para incluir barrios adictos en zonas opositoras.

Les corresponde a los partidos postular las listas de candidatos que mejor sostengan el ideario expresado en sus plataformas, que además pueden contar con suficientes reemplazos para eventuales vacancias y que cuenten con infraestructura suficiente para efectuar la fiscalía de las elecciones, responsabilidades todas que van más allá de la capacidad y dedicación de individuos aislados.

¿Cómo obtener personas que conformen a los adherentes de un partido y lograr que las listas de candidatos tengan aprobación? Eligiendo entre los que mejor desarrollen el trabajo intrapartidario, la participación en debates, tengan prestigio, experiencia, haber dado muestras de capacidad y compromiso, cualidades que permiten apreciar a las personas más capaces, idóneas y responsables sin distinción de edad o sexo, de manera que ya no haga falta la obligatoriedad impuesta por los cupos - medidas de promoción transitorias - que han resultado de dudosa utilidad dada la tendencia a habilitar ‘señoras de’ en lugar de mujeres valiosas por sí mismas.

Cada partido puede valorar de diferente manera la invitación a no afiliados en forma de interna abierta para definir candidatos. Lo que debe quedar fuera de toda duda es la posibilidad de manipulación mediante la participación de afiliados a otros partidos o votantes en más de una interna. De aquí que en caso de realizarse internas abiertas debe contarse con padrones de afiliación actualizados, uniformes y realizarse en forma simultánea.

Un confiable sistema de designación de candidatos limitaría el fenómeno de los ‘sin partido’: personajes notorios provenientes de cualquier campo de actividad con resonancia popular que ‘venden’ su potencial caudal de adhesión a partidos con liderazgos menguados.

Difícilmente se obtenga de esta gente más que participaciones no comprometidas, ya que su interés personal pesará más que los compromisos de campaña, cuyos costos correrán por cuenta del partido que la llevó en su boleta.

De hecho, se verifica una tendencia grave al transfuguismo, que es el cambio o abandono del bloque del partido. Desde ya que no se puede evitar la eventual disidencia por razones espurias o fundadas, pero las instituciones no deberían facilitar estas conductas. No es legítima la conformación de bloques con los atributos y derechos iguales a los conformados por mandato popular. Quien abandone su bloque debería mantener su independencia asumiendo los costos de no contar con personal rentado por el cuerpo ni exigir reconocimientos que impliquen costos monetarios provenientes del presupuesto. Quienes lo decidan de buena fe seguramente lo harán de todas maneras, mereciendo, si lo tienen, el apoyo de sus seguidores.

De todos modos, nada impide, si los afiliados están de acuerdo, la invitación a presentarse en las elecciones internas a personas no afiliadas, del mismo modo como les está permitido a los partidos la conformación de alianzas o frentes.

En todos los casos, no hay nada más alejado de las sospechas, los acuerdos de cúpula, la negociación oscura, que la elección directa, sin intermediación de delegados a colegios electorales o como se los llame y que tienen la atribución de armar las listas de candidatos.

Dada la universalidad del derecho al sufragio, la apelación a coincidir con un ideario y no con una figura exige al menos que sea comprendido por parte de los votantes. Existen dos grandes enemigos que conspiran contra la evaluación razonada de las propuestas y la valoración de los candidatos: la ignorancia y la indigencia.

Ambas categorías son tentadas por demagogos y clientelistas que obtienen votos con engaños y subsidios. Los antídotos para estos males son la educación y la promoción económica. Ambos de largo plazo y con fuertes intereses en que estas situaciones no se modifiquen. Pero como la democracia exige participación conciente y comprometida, los demócratas no podemos sino trabajar en este sentido.

Bastante daño hace a la fortaleza de las instituciones el cambio continuo de los sistemas electorales, el acomodo de fechas, el desdoblamiento o acople con las elecciones nacionales y cuanta modificación originada en situaciones coyunturales de las que puede valerse el partido en el poder, que es quien tiene capacidad suficiente para alterar las normas en su favor.

Un recurso muy utilizado ha sido la convocatoria a asambleas constituyentes no diferenciadas de las elecciones a cargos ejecutivos y legislativos, de manera de conseguir ‘por arrastre’ votos no seguros para promover cambios de fondo en las constituciones provinciales.

Valga como ejemplo el desatino a que se ha recurrido para torcer resultados adversos, que fue la adopción de la llamada ‘ley de lemas’, verdadera estafa legal en que el votante no sabe a quién está eligiendo.

Variantes como tachas, preferencias, etc. son legítimas formas de modificación a las listas propuestas por los partidos y su viabilidad depende de otros factores, principalmente del nivel educativo de la población y de la claridad de su ejecución a fin de que no se preste al manejo por parte de punteros inescrupulosos.

El cumplimiento leal de los compromisos asumidos, la búsqueda de acuerdos en pos del bien común, la oposición al avasallamiento institucional, la dedicación para investigar y sancionar los delitos, la coherencia de sus miembros, redundarán en prestigio para la agrupaciones políticas, reaseguro constante de la continuidad republicana.